El término igualdad proviene del latín aequalitas y refiere a la paridad o correspondencia que existe de una cosa con otra.
En derecho, es el principio básico de los ordenamientos jurídicos de base liberal y democrática en el cual se tratan ciertos supuestos similares, de la forma más similar posible. Sólo se permite un tratamiento distinto, cuando es justificable la diferencia con bases de criterio objetivo y que no se produzca discriminación.
La igualdad ante la ley, reconoce a todos los ciudadanos como capaces para percibir los mismos derechos ante el sistema jurídico. No distingue diferencias sociales, económicas o ideológicas. A partir de la Revolución Francesa, este precepto pasó a ser uno de los pilares más defendidos dentro de los derechos humanos.
En la mayoría de los países, se reconoce la igualdad como uno de los principios básicos de la Constitución (ley máxima de las naciones) en el cual se otorga la facultad de las personas del goce de derechos civiles sin establecer diferencias de género, raza, nacionalidad, religión, credo, idioma, situación económica u opinión política.
La incorporación del derecho a la igualdad hizo que en algunos paises constitucionales, se perdieran los privilegios hereditarios, eliminando los títulos de nobleza o de sangre. No sucede lo mismo en los países que poseen un sistema de monarquía parlamentaria, donde aun se conservan ciertas tradiciones de la nobleza, y el ejercicio del poder político o el otorgamiento de cargo, sólo puede ser ejercido por situación de herencia. De todas formas, se respeta la igualdad entre ciudadanos y se reconocen sus derechos.
Durante las últimas décadas, el concepto de igualdad social ha ido creciendo bajo la premisa de que todas las personas tienen derechos a las mismas oportunidades y recursos en su vida. Para lograr dicho objetivos, tanto el sufragio universal, la educación básica obligatoria y la redistribución de ingresos son bases importantes para alcanzar dichos objetivos.