Palabra que proviene del latín decretum y que refiere a la resolución, decisión o determinación del jefe de Estado, de su Gobierno, de un tribunal o juez sobre cualquier materia o negocio. Se aplica especialmente a los de carácter político y gubernamental. También refiere a todo aquello que ordena el Papa previa consulta efectuada a los cardenales.
Si el decreto vulnera la constitución, en los países que siguen el ordenamiento del modelo francés se puede recurrir ante la propia Administración (justicia retenida); en los que siguen el modelo hispanoitaliano, el recurso puede llegar hasta los tribunales ordinarios de justicia.
En derecho, un decreto es la disposición con fuerza de ley, emitida por el poder ejecutivo en virtud de una autorización expresa del poder legislativo; dicha autorización delimita el objeto, forma y duración del mandato. Dada su equiparación, en cuanto a efectos, con la ley emitida directamente por el Parlamento, el decreto legislativo puede derogar o modificar leyes.
El decreto de ley es aquella disposición que proviene del poder ejecutivo, con fuerza de ley, por razones de urgente necesidad. Para que tenga validez y efectividad debe ser refrenada por el poder legislativo en un plazo marcado por la ley.
En atención a su igualdad práctica con la ley ordinaria, las constituciones suelen restringir, e incluso prohibir radicalmente, el uso del decreto-ley, ya sea en general o en determinadas materias. En los estados en que no se utiliza, el vacío legal se suple con una intensa actividad parlamentaria.
Antiguamente, se denominó “decreto de abono”, el que se expedía a los tesoreros generales para que se admitiesen en data en sus cuentas, las partidas satisfechas en virtud de orden del rey. Inclusive se llamó Decreto de Graciano, al libro de derecho canónico que recopiló Graciano.